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2026-03-30 18:07:00
El viraje a la derecha de Israel es innegable. La Knesset, el Parlamento israelí, ha aprobado este lunes una polémica reforma legal que permite la pena de muerte para los culpables de “asesinato terrorista”. En la práctica, debido a cómo el proyecto de ley está redactado, condena casi exclusivamente los ataques considerados terroristas perpetrados por personas palestinas. La carga ideológica de la prueba que impone, al aplicarse el ahorcamiento a quien haya asesinado a una persona “con la intención de negar la existencia del Estado de Israel”, hace que su aplicación al terrorismo nacionalista judío sea difícil, si no imposible. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, ya han denunciado que se convertirá en “otra herramienta discriminatoria en el sistema de apartheid de Israel”.
[–>[–>[–>La propuesta legislativa ha sido impulsada por el partido Poder Judío liderado por el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, y el diputado Nissim Vaturi, del Likud del primer ministro Binyamín Netanyahu. Después de superar varias aprobaciones en la Knesset, el texto ha llegado a su lectura final hasta recibir 62 votos a favor y 48 en contra. Algunos miembros de la oposición han votado a favor. La ley ahora es aplicable en cualquier territorio que Israel controla de facto, incluyendo Cisjordania, Jerusalén Este y el 53% de la Franja de Gaza. No se aplica a los milicianos de Hamás que perpetraron el ataque del 7 de octubre de 2023. Se está impulsando un proyecto de ley que cree un tribunal específico para ellos.
[–> [–>[–>Advertencias del Ejército
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Pese a la presión exterior, la Knesset ha aprobado una ley que da una amplia flexibilidad al tribunal. La corte podrá imponer la pena de muerte incluso si la fiscalía no la solicita, y tampoco se requerirá el consentimiento unánime de los jueces para imponerla. El tribunal puede obtener el permiso para, en vez de la pena capital, imponer cadena perpetua si encuentra “razones especiales” o si existen “circunstancias especiales” sin aclarar cuáles serían. La oposición también ha venido del interior de Israel. Por un lado la representante del ministerio de Justicia, la abogada Lilach Wagner, calificó como “muy problemático” el establecimiento de la pena de muerte en la Cisjordania ocupada a través de la legislación civil durante las deliberaciones del Comité de Seguridad Nacional.
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A su vez, varios representantes castrenses advirtieron que el texto contradice los tratados internacionales que Israel ha firmado. El ministerio de Exteriores ha afirmado que las enmiendas no abordan completamente las dificultades políticas y jurídicas que plantea la ley en el ámbito internacional. El Consejo de Seguridad Nacional se opuso a la propuesta, con la cual Netanyahu tampoco estaba satisfecho. Frente al crecimiento aislamiento de Israel en el panorama internacional, el primer ministro presionó para suavizar algunas cláusulas que podrían considerarse inconstitucionales o contrarios al derecho internacional. Entre ellas, había la que exigía que los residentes de Cisjordania fueran juzgados sólo en tribunales militares, o la que daba a los jueces la facultad discrecional de imponer cadena perpetua en lugar de la pena capital.
[–>[–>[–>Oposición europea
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Finalmente, se eliminó la redacción original que estipulaba que la ley se aplicaría a cualquier persona que perjudicara a un ciudadano o residente israelí. Pese a estos cambios, organizaciones internacionales y países europeos han denunciado la gravedad de la norma. Este domingo los ministerios de Exteriores de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido expresaban en un comunicado conjunto su “profunda preocupación” por lo que aún era un proyecto de ley. “Nos preocupa especialmente su carácter discriminatorio de facto; su aprobación pondría en riesgo los compromisos de Israel con los principios democráticos”, han declarado. “El Consejo de Europa se opone a la pena de muerte en todo lugar y bajo cualquier circunstancia”, declaró su presidente, Alain Berset, el domingo.
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“Estas enmiendas implican que el castigo más extremo e irrevocable se está reservando para los palestinos y se está utilizando como arma contra ellos”, dijo Amnistía en febrero. También entonces una docena de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas argumentaron que la legislación eliminaría la “discreción judicial y fiscal” e impediría que los tribunales consideraran “las circunstancias individuales, incluidos los factores atenuantes, y que impusieran una sentencia proporcional al delito”. Tras su aprobación, el proyecto de ley probablemente se enfrente a una impugnación legal y llegue al Tribunal Supremo. La misma corte que Netanyahu y sus aliados ultraderechistas intentan debilitar desde su llegada al poder.
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