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2025-08-15 14:37:00
“La pregunta que se nos plantea es bastante simple (…): ¿aceptamos, en Francia, saber que, cada semana, un joven mata a otro joven por un teléfono móvil, por una palabra o por una mirada?”, con esta pregunta el ex primer ministro Gabriel Attal abrió el pasado febrero el debate del proyecto de ley que lleva su nombre en la Asamblea Nacional.
La ley Attal, promulgada en junio, busca reforzar la autoridad del sistema judicial sobre los menores infractores, ofreciendo diversas herramientas a las autoridades para atajar el problema de la creciente delincuencia juvenil. Una ley que, aunque nació en 2023 tras los disturbios ocasionados por la muerte del menor Nahel a manos de un agente después de saltarse un control policial, trata de dar respuesta a un debate que no es nuevo, pero sí más visible.
En las últimas semanas, los enfrentamientos entre la policía y grupos de jóvenes en varias zonas de Francia ha obligado a algunos ayuntamientos a decretar un toque de queda a los menores para que no puedan deambular por las calles de noche si no es acompañados de un adulto autorizado. Una medida que ha dividido a la opinión pública, ya que algunos dudan de que sea una solución efectiva.
Pese a que el número de menores implicados en delitos ha disminuido un 16% desde 2016 —pasando de 274.000 a 228.000 en 2024, según el Ministerio del Interior—, las agresiones protagonizadas por adolescentes son cada vez más violentas y más frecuentes. Las cifras de 2024 son preocupantes: los jóvenes de entre 13 y 17 años fueron responsables del 31% de los robos con arma, del 35% de los robos sin arma y del 28% de las sustracciones de vehículos. A estas cifras se suman las agresiones sexuales; uno de cada cuatro detenidos por estos delitos era menor de edad.
Más seguridad en las escuelas
Números que se transforman en nombres propios y en casos que han alimentado la mediatización de este problema. El pasado diciembre, Abass, un joven de 16 años, fue apuñalado a la salida del instituto Rodin tras una pelea entre estudiantes de secundaria. Unas semanas después, el 24 de enero, Elias, de 14 años, era asesinado a puñaladas por dos adolescentes tras resistirse al robo de su teléfono móvil. En abril de este año, otra menor moría apuñalada por un compañero de clase en Nantes.
Este tipo de sucesos se han convertido en un habitual en la prensa francesa y han obligado a las escuelas a aumentar la seguridad y llevar a cabo registros a las puertas de los centros escolares, algo que recuerda a los protocolos de seguridad de las escuelas estadounidenses. Pero las agresiones no se limitan al entorno escolar. En julio, en Béziers, un policía fue gravemente herido por el lanzamiento de material pirotécnico tras una emboscada de un grupo de jóvenes. Días después, en Limoges, nueve agentes también quedaron heridos en un incidente similar. La respuesta gubernamental ha sido contundente: despliegue de antidisturbios y los mencionados toques de queda para menores. Unas medidas que ya han adoptado una decena de municipios franceses y que algunos ya han anunciado que extenderán durante todo el verano.
Las autoridades se reiteran en las cifras; “el número de menores frente a la justicia ha bajado un 25%, pero los actos son más violentos y más mediatizados”, justifican. Sin embargo, no hay un consenso sobre cuál es el origen de este recrudecimiento de la violencia: ¿las redes sociales, las “guerrillas urbanas” o la falta de control parental?
Las redes sociales
Desde hace años, el presidente Emmanuel Macron ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones la problemática relación que tienen los jóvenes franceses con las redes sociales. Un espacio que se ha convertido en un arma de doble filo, donde se producen situaciones de acoso, bullying y agresiones, pero también, en el que se crea un efecto llamada para llevar a cabo disturbios, como pasó en la pasada final de la Champions.
Horas antes de que el PSG se alzase con su primera copa de Campeones de Europa, decenas de jóvenes colgaban vídeos en las redes sociales, donde adelantaban sus intenciones: “Esta noche los Campos Elíseos arderán”, decía uno en Tiktok. “Chicas, tened cuidado esta noche”, decía otra adolescente en la misma red social. En efecto, tras la victoria del equipo parisino, las calles de toda Francia se sumían en un extraño festejo de violencia y saqueos de comercios, que dejaban cerca de 500 detenidos, en su mayoría menores, y dos fallecidos.
Tras los disturbios, tildados por el propio ministro del Interior, Bruno Retailleau, como el “salvajismo de una minoría de matones”, en su mayoría “guerrillas urbanas”, el debate volvió a ocupar horas de tertulia y columnas de opinión, si es que en algún momento dejaron de ocuparlas.
En las últimas semanas, Macron ha prometido prohibir el uso de las redes sociales a menores de 15 años si esto no sucede a nivel europeo. Para el presidente, dicha prohibición sería “totalmente factible” al imponer los sistemas de verificación de edad ya existentes en Francia en sitios de contenido pornográfico. “Hemos tenido una epidemia desde 2015 en todos los países donde las redes sociales están abiertas a los jóvenes. Tenemos una epidemia de problemas de comportamiento, tenemos una epidemia de violencia“, declaró recientemente durante su visita a la feria VivaTech en París.
No solo las autoridades han declarado una guerra abierta contra las redes sociales. A principios de año, siete familias francesas denunciaron a TikTok tras el sucidio de sus hijos, por alentar a los menores a quitarse la vida tras descubrir en el teléfono de las víctimas vídeos que promovían métodos de suicidio, tutoriales o comentarios de acoso de otros jóvenes que les incitaban a acabar con sus vidas. Contenido que sorteó cualquier filtro y bloqueo de la plataforma.
Las bandas y “guerrillas urbanas”
Para el sociólogo Marwan Mohamed, investigador del CNRS y autor de ‘Y a embrouille: Sociología de las rivalidades de barrio’, la explicación sobre el motivo de la creciente violencia de los jóvenes es más compleja: “Aún desconocemos los motivos reales detrás de las recientes violencias. Se están llevando a cabo investigaciones. La violencia podría tener su origen en otro fenómeno”, explica el sociólogo.
Sin embargo, para el ministro del Interior, las redes sociales son un “catalizador de odio y violencia”, pero también son un espacio que ensalza discursos vinculados con el narcotráfico y con las bandas urbanas, que atrapa a “jóvenes desempleados, sin referentes y unidos en su odio a Francia y a la autoridad”, afirmó.
Las ya bautizadas por el Estado como “guerrillas urbanas”, son grupos de jóvenes organizados, en su mayoría menores, que atacan a las fuerzas de seguridad con pirotecnia, cócteles molotov y trampas muy bien preparadas. Emboscadas que en ocasiones rozan la desgracia, como el caso de Béziers. De ahí que varios municipios hayan optado por los toques de queda de menores, aunque el sindicato policial Unité cree que la restricción de movimiento “no es una solución duradera al narcotráfico”. Según Unité, estas bandas utilizan a los menores como perfectos actores para el menudeo o el trabajo sucio, incluso a veces “disparan a la gente con impunidad, a plena luz del día”.
Ante la evolución de estas prácticas y la impunidad de los jóvenes ante la justicia, la ‘ley de menores’, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, incluye medidas como la comparecencia inmediata frente a un juez para aquellos menores de 16 años que hayan cometido delitos graves, no aplicar atenuación de la pena a mayores de 16 años autores de hechos graves o reincidentes, y condenar a los padres responsables de estos jóvenes delincuentes.
La ausencia parental
Para el Gobierno, la solución pasa por “restaurar la autoridad a todos los niveles: en la familia, en la escuela y en las calles”, pero en especial, hacer “responsables a los padres de sus hijos”, como ya declaró Macron en 2023: “La República no tiene por vocación sustituirlos”.
Por ello, además de dar herramientas a las prefecturas para instaurar un toque de queda de menores durante las noches de verano, los padres serán legalmente responsables de los delitos que cometan sus hijos.
El texto crea una nueva circunstancia agravante aplicable al delito de evasión parental de sus obligaciones legales hacia un menor, es decir, cuando un menor lleve a cabo un delito, los padres serán castigados con penas de entre seis meses a tres años de prisión y multas de entre 7.500€ a 45.000€, dependiendo del historial y la reincidencia del joven. Además, se procederá a la suspensión de cualquier ayuda social que reciba la familia, incluida la vivienda social.
Estas medidas dividen a la opinión pública. Para las diferentes asociaciones de defensa de los derechos de la infancia, estas leyes estigmatizan a los menores, criminalizan la pobreza y señalan aún más a las familias vulnerables, puesto que, la mayoría de “tutores ausentes” son familias monoparentales con dificultades para llegar a final de mes. Además, insisten en que la raíz del problema es algo más profundo que no se resolverá culpando a los padres.
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#フランスは根本的に成長する若者の暴力を削減しようとしています